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Las
antenas de telefonía móvil se han convertido en un enquistado problema
para el gobierno de Viladecavalls. Tras la polémica por el repetidor de
Can Trias, ahora asociaciones de vecinos y ecologistas denuncian la ilegalidad
de la instalación existente hace años en Can Corbera.
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Javier
Montoro~
El Col·lectiu Naturalista Viladecavalls Verd (Convive) y las asociaciones
vecinales de Can Pepet, La Planassa, Les Carenes de Can Turu, Sant
Miquel de Guanteres, Viladecavalls Centre y Can Corbera han denunciado
la situación «ilegal» en la que se encuentra la antena de telefonía
móvil ubicada en este último barrio, concretamente en el Camí del
Pla del Castany, vigente desde 1994. Atendiendo a esta situación
«irregular », los denunciantes piden el desmantelamiento de la citada
instalación. Tal petición se produce después de que el equipo de
gobierno, en comisión de gobierno, haya dado el vistobueno a la
implantación, en el mismo mástil, de un repetidor de Amena, que
se uniría al ya existente de Vodafone.
El argumento para justificar la ilegalidad de esta antena se sustenta
en el hecho de que la legislación vigente sobre telefonía móvil,
según ha explicado el presidente de CONVIVE, Juan Luis del Campo,
«deja muy claro que Jas antenas existentes antes de la entrada en
vigor de la nueva ley tenían hasta finales de 2002 para normalizar
su situación y adaptarse a los preceptos aprobados; en el caso que
nos ocupa, se trata de una antena instalada a mediados de los 90
que, al día de hoy, no ha sido legalizada».
Del
Campo también remarca que el Ayuntamiento no es quién tiene
la competencia para legalizar esta antena, «pues se ubica en suelo
rústico, y por tanto la competencia es de la Generalitat».
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Estos
argumentos han sido puestos en conocimiento del equipo de gobierno
de Viladecavalls y del propio departamento de Medi Ambient de
la Generalitat.
También
ha recibido el alcalde, Fèlix Farré, una carta de las ásociaciones
de vecinos citadas anteriormente en la que se le pide que esta
antena «sea desmantelada, derribada o sellada». Además, se le
demanda información que confirme que «no existe ningún riesgo
para la salud de los vecinos que viven cerca de los campos electromagnéticos
emitidos por estas antenas».
Las
entidades vecinales recuerdan que en enero de 2003 se iniciaron
las obras de am· pliación de la antena, pese a que la empresa
carecía de permiso.
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RESPUESTA
MUNICIPAL
El
alcalde de Viladecavalls, Fèlix Farré, se ha mostrado sorprendido
por estas críticas, «ya que lo único que hemos hecho ha sido,
siguiendo lo que marca la ley, obligar a que dos empresas de telefonía
compartan el mismo mástil de antena; un mástil que, por cierto,
ya hace años que estaba puesto». Además, señala Farré, la legalidad
de esta instalación es competencia de la Generalitat, al ubicarse
en terreno rústico y no urbano. Sin embargo, por la ubicación
de la antena, el alcalde de Viladecavalls se muestra convencido
de que ésta «cumple con todos los requisitos legales, al igual
que cuando fue instalada; lo que ocurre es que cuando se montó
aún no había entrado en vigor la nueva ley, si bien entonces se
ajustó a lo que marcaba la legislación imperante».
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